La gente del Campo de Gibraltar está que trina con el Gobierno de España. Cuando no los hacen esperar tres o cuatro horas en la frontera para salir de la Roca, los definen como potenciales delincuentes. El Ejecutivo de Mariano Rajoy ha decretado una medida que impide a los españoles que vivan a menos de 15 kilómetros de Gibraltar sacar más de cuatro cajetillas de tabaco al mes. El resto de conciudadanos con domicilio a una distancia superior tienen la posibilidad de comprar hasta un cartón en ese mismo periodo.
La lucha contra lo que aquí llaman el menudeo (cantidades a pequeña escala) y el contrabando es una obligación ineludible de las administraciones. No parece tan fácil de explicar que los vecinos de Algeciras, Los Barrios, La Línea o San Roque tengan menos derechos que otros compatriotas por el mero hecho de su lugar de residencia. Se rompe el principio de igualdad que marca la Constitución española. Además, están dando por sentado que los españoles del entorno de Gibraltar, todos sin excepción, defraudan a la hacienda pública.
En lugar de esta medida de dudoso encaje constitucional, las autoridades españolas tendrían que reforzar los controles para evitar el tráfico indiscriminado de tabaco. Si se aplicara rigurosamente la norma y la Guardia Civil actuara con firmeza, no sería necesario eso distingo entre españoles y el conocido trapicheo sería menos gravoso para la hacienda española.
